La licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia ha enfrentado dificultades significativas, ya que las constructoras han optado por no presentarse, lo que lleva a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior a explorar opciones alternativas. Tras la ampliación del plazo de presentación de ofertas, ahora se considera un procedimiento negociado, que implica reuniones con empresas interesadas para decidir el camino a seguir.
La alternativa de una nueva licitación podría generar demoras considerables, ya que es improbable que se complete antes de las elecciones autonómicas en marzo. La incertidumbre sobre la formación del Gobierno y la posibilidad de cambios en el equipo podrían extender aún más el proceso. Por lo tanto, la Consejería ha iniciado reuniones con las principales constructoras para abordar los desafíos y explorar soluciones.
Las reuniones, que incluyen a empresas como Acciona, Dragados, FCC, OHLA y Sacyr, buscan abordar cuestiones cruciales, como el encarecimiento del dinero, la inestabilidad económica y la incertidumbre global. La intención es invitar al mayor número posible de empresas interesadas en el proyecto. El proyecto de la Ciudad de la Justicia busca construir 18 edificios para albergar órganos judiciales y ofrecer servicios a más de 30,000 personas, con una inversión de casi 500 millones de euros y un canon anual de 49,3 millones de euros al adjudicatario durante 40 años.
